Cuentas fiscales, cambio de modelo y desafíos en el proceso de reactivación de la economía

Las primeras semanas de marzo del año 2020 Paraguay anunciaba los primeros casos de Covid-19 en el país.
La llegada de la enfermedad en América Latina alertó a los gobiernos, pero Paraguay se había destacado, en ese momento, por las rápidas medidas y acciones impulsadas para mitigar el impacto de lo que se esperaba provocaría la pandemia. Una crisis sanitaria que ni las economías desarrolladas habían podido reducir sus efectos. 
A la activación del protocolo sanitario en el país dispuesto por el Gobierno nacional, acompañó, primero, una serie de medidas financieras, fiscales, monetarias y sociales de corto y mediano plazo. Para semanas después y sin retrasos, obtener la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley que declaraba estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay y se establecían medidas administrativas, fiscales y financieras. Ello, con el fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos.
De esta manera, el Poder Ejecutivo contó con la autorización para implementar hasta el 31 de diciembre de 2020, medidas excepcionales. Sin embargo, ante la alta incertidumbre, asociada, entre factores, al aumento de casos y la indefinición de la llegada de las vacunas, a finales de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la extensión de la vigencia de la normativa hasta junio de este 2021, principalmente en las áreas vinculadas con las acciones sanitarias. 
A más de un año de las mencionadas políticas económicas y sanitarias implementadas en el país, los números revelan que de los aproximadamente US$ 2.000 millones (US$ 1.600 millones previstos en el Artículo 33 y US$ 390 millones en el Artículo 35 de la Ley de Emergencia), la ejecución de los recursos disponibles llega al 80%. Siendo los componentes de funcionamiento del Estado, MIPYMES y capitalización, así como el subsidio a los servicios públicos los que han registrado casi el 100% de ejecución. 
El recurso asignado a Salud presenta la menor ejecución del 38% en lo que va desde la aprobación de Ley de Emergencia hasta la actualidad (ver info). La situación se ve reflejada en la débil campaña de vacunación. Los últimos datos revelan que más de 342.000 personas han sido inoculadas en Paraguay. De esta población, solo el 33,3% de las personas de 60 años y más fueron vacunadas y el 87,4% del total de personal de blanco registrado.

•    Situación de las cuentas públicas en Paraguay
Al observar los datos de la última década, el Presupuesto General de la Nación (PGN) se ha caracterizado por su alta rigidez (ver info). En el año 2011, los gastos rígidos (salarios, servicio de la deuda pública, jubilaciones, programas sociales) representaban el 75% de todos los recursos asignados en el Plan de Gastos, el 25% correspondía a los no rígidos, mayormente asociados a gastos de infraestructura. 
En el 2020, la composición no ha sufrido variación, pese al importante aumento en recursos asignados. Así, los gastos rígidos, durante la pandemia significó el 77,6% de todo el PGN y el restante, 22,4%, a los demás gastos. 
El achicamiento del espacio fiscal generado en el año 2012 con el aumento salarial, en promedio del 38% para los empleados públicos, motivó la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para los proyectos de obras públicas. Hasta ese entonces, las inversiones habían sido postergadas como parte de una política fiscal que priorizaba el superávit fiscal antes que impulsar proyectos para la reducción de la brecha de infraestructura en Paraguay. 
En el 2013, Paraguay sale a los mercados internacionales en busca de recursos. Lo hace mediante la emisión y colocación de sus bonos soberanos por US$ 500 millones a 10 años de plazo y a una tasa de 4,6%, la más baja registrada en los mercados financieros internacionales para un bono soberano inaugural. 
Desde entonces, las finanzas públicas se vieron menos presionadas, ya que se contaba con una fuente alternativa de financiamiento que, además, ha permitido a Paraguay figurar en el radar de los inversionistas. Sin embargo, esta diversificación financiera debió estar acompañada de reformas, ya que el modelo de financiar obras con deudas también debía evolucionar con nuevos sistemas de financiamiento. 
Las reformas que se hicieron en los últimos años en el componente de los gastos, han incluido compromisos y disposiciones de racionalización, así como de contención, que fueron parcialmente cumplidos.
Mientras que, por el lado de los ingresos, las reformas se han centrado en la mayor generación de recursos, que finalmente han estado atados en alto porcentaje, al pago de salarios y al cumplimiento del servicio de la Deuda Pública. 
De hecho, los intereses pasaron de US$ 96,7 millones en 2013 a US$ 377,3 millones al cierre de 2020, debido al considerable crecimiento que ha tenido la deuda total del país (ver info). El aumento, sobre todo, se dio en el 2019 (plan de reactivación económica) y 2020 (plan sanitario y económico para enfrentar la pandemia), dos años complicados para la economía de Paraguay. 
Este crecimiento provocó la ruptura del límite del déficit fiscal establecido en 1,5% del Producto Interno Bruto. Así, las finanzas públicas cerraron el 2019 con un descalce de 2,8% y el 2020 arrojó un déficit de 6,2%. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, la convergencia al tope dispuesto en la Ley de Responsabilidad Fiscal se daría en el año 2024. 

•    Plan de Consolidación Económica: Alcances y perspectivas
Si el inicio de la pandemia ya había representado un desafío sin precedentes para el país, a más de un año de la crisis sanitaria, se ha complejizado. 
En ese contexto, el Gobierno nacional alista el proyecto de Ley de Medidas de Consolidación Económica y Contención Social, el que será presentado ante el Congreso Nacional. 
La propuesta contempla tres ejes prioritarios: asegurar recursos para el sistema de salud, garantizar la ejecución de los programas sociales y apoyar al sector empresarial con nuevas medidas transitorias.
El proyecto demandará US$ 365 millones, de los cuales US$ 264 millones serán para el financiamiento de los gastos en salud y programas sociales. A decir, compra de medicamentos y contrataciones de personal sanitario. Además, del mantenimiento de los programas de Adultos Mayores y Seguridad Alimentaria. 
Una partida de US$ 45 millones se destinará al Instituto de Previsión Social (IPS) para el subsidio de 50% del Salario Mínimo a trabajadores independientes formales relacionados a la gastronomía, eventos, hoteles, turismo y entretenimientos. Los últimos de la entidad previsional revelan que más de 100.000 trabajadores fueron beneficiados con la figura, lo que representó una erogación de aproximadamente G. 430.000 millones.
El proyecto también consigna US$ 8 millones para la exoneración del 50% en los servicios básicos a favor de los sectores gastronómicos, eventos, turismos, hoteles y servicios. Se prevé beneficiar, además, a los empleados formales de la ley de subsidio de frontera con Argentina.
Otro importante componente de recursos es el de los US$ 20 millones para la creación del Fondo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y cuentapropistas que será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF). Con este paquete, se apunta a apalancar más de 1.000 créditos para los sectores más afectados por la pandemia. Además, US$ 25 millones para el Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY). De acuerdo con el portal digital www.fogapy.gov.py se han otorgado 23.715 garantías a empresas que en el total emplean a más de 143.000 personas. 
La propuesta del Ejecutivo contempla también US$ 3 millones a destinarse al financiamiento de los programas de asistencia social a favor de trabajadores y familias vulnerables. Este eje del proyecto estará administrado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). 
El financiamiento total del proyecto se hará a través de la reasignación y racionalización de gastos (US$ 90 millones), la emisión de Bonos del Tesoro (US$ 25 millones) y un aporte que provendrá del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 250 millones.  
En palabras del viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, el fondeo proveniente de la comercialización de los títulos del Tesoro se concretará únicamente cuando el Fondo de Garantías del Paraguay requiera liquidez para la ejecución de las garantías. De aprobarse el proyecto, el Ministerio de Hacienda ya contará con la autorización para salir al mercado en el momento que se requiera ejecutar la garantía.
Con respecto a los US$ 250 millones, desde la cartera económica explicaron que forma parte de la capitalización que realizaría el FMI en el mes de julio y que tendría un efecto derrame para todos los países miembros. 
La mencionada operación se hará dentro de lo que se conoce como Derechos Especiales de Giros (DEG), un activo internacional cuyo valor se basa en una canasta de las cinco principales monedas del mundo: el dólar estadounidense, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Debido a la crisis por la Covid-19, el FMI había anunciado una distribución de USD 650 mil millones.
De acuerdo con la definición del Fondo Monetario Internacional, el DEG es una unidad contable para las transacciones del organismo con los países miembros y un activo estable en las reservas internacionales de los países. Se asignan a los miembros en proporción a su participación relativa y los países pueden intercambiar DEG por divisas de libre uso con otros miembros del FMI. 
Si bien, al inicio de este año, las perspectivas económicas eran altamente auspiciosas, basadas en el supuesto de una masiva campaña de vacunación y su consecuente reapertura económica, las proyecciones se han desacelerado en el primer semestre del año. De hecho, el Banco Central de Paraguay (BCP) redujo, recientemente, su pronóstico de crecimiento para este año de 4% dado a conocer en diciembre a 3,5%. La corrección a la baja se fundamenta, principalmente, por la caída esperada del sector terciario (5% a 3,7%). 
Como se ha observado, el escenario sigue cargado de incertidumbre, por lo que acciones planteadas como las del Gobierno coadyuvarían, en parte, a otro año complicado para el país. 
Este esfuerzo fiscal que espera la aprobación del Congreso Nacional debe ir acompañado necesariamente de otras reformas estructurales por el lado del gasto, así como una reformulación del modelo de financiamiento de las finanzas públicas. 
Finalmente, el proyecto de reactivación económica será uno de los tantos planes que se requerirán en el proceso de reimpulso de la economía post pandemia. Por tanto, es urgente una mirada multidimensional que permita la intervención de la mayor cantidad de sectores y actores económicos para el desarrollo y crecimiento en los próximos años.