¿Qué ha pasado con el endeudamiento público?

Aunque hayan pasado cuatro años desde la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 a nivel mundial, las consecuencias socio-económicas prevalecen, sobre todo en países en desarrollo, que no han logrado recuperarse en materia de endeudamiento. Ello, al considerar, igualmente, otros shocks que vinieron complicando el escenario. 
Es de mencionar que la región se caracteriza por los altos niveles de pobreza, de informalidad y reducido o hasta nulo espacio fiscal, indicadores que se vieron socavados en el escenario pandémico donde las múltiples demandas sanitarias, sociales y económicas debieron ser cubiertas, mayormente, con deuda. Esto, ante una profunda contracción de la economía que se tradujo en menor recaudación impositiva, impidiendo la concreción de proyectos y programas con ingresos genuinos. 
En el mismo contexto y tratando de mitigar los impactos de la crisis, los gobiernos de América Latina canalizaron unos US$ 485.000 millones como parte de la política de apoyo fiscal. Esto fue, en promedio, 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como se mencionaba, el importante esfuerzo fiscal provino de recursos generados con deuda pública, nivel que representaba 68,9% del PIB en la prepandemia y se ubicó en 79,3% durante la crisis sanitaria, conforme con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Además, la deuda soberana externa de esos países, en créditos en moneda extranjera, aumentó un 15,7% hasta alcanzar los 11,4 billones de dólares a finales de 2022. Los crecientes niveles de deuda se vuelven aún más complejos por la diversidad de prestamistas e instrumentos financieros, refiere la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Comercio y Desarrollo.
El su último reporte denominado “Un mundo de deuda: Una carga cada vez mayor para la prosperidad mundial”, el mismo organismo internacional reveló un incremento sin precedentes de la deuda pública mundial, es decir, el endeudamiento interno y externo de las administraciones públicas. Así, en el año 2023, los compromisos de los países llegaron a US$ 97 billones, alrededor de US$ 5,6 billones con respecto al 2022. 
Debido al escenario presentado, la Organización de las Naciones Unidas Comercio y Desarrollo ha planteado la imperiosa necesidad de diseñar e implementar reformas de la arquitectura global de la deuda para evitar una crisis generalizada en los países en desarrollo.
 

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