¿Qué ha pasado con la fiscalidad en Paraguay?

Las finanzas públicas de Paraguay habían entrado en déficit tras la aprobación en 2011 de un aumento salarial para los funcionarios, en promedio, de 38%. Desde ese periodo hasta la actualidad, el descalce no pudo ser revertido, sino que en los últimos años se ha agravado, debido a factores adversos como una caída económica en el 2019, la pandemia en 2020 y en los aún efectos durante el 2022.  
Además, es de recordar que hasta el 2012, la Deuda Pública total de Paraguay ascendía a aproximadamente US$ 3.591 millones ó 10,8% del Producto Interno Bruto (PIB). El principal componente de la deuda externa eran los préstamos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales, representando el 62,3%. Mientras que la deuda interna (37,6%) estaba explicada por los bonos perpetuos emitidos para capitalizar el Banco Central del Paraguay (BCP) en concepto de cancelación de deudas históricas. El título, que forma parte de un ajuste contable, no puede ser comercializado. 
El escaso espacio fiscal se tradujo en limitaciones para impulsar programas y proyectos de impacto social y económico con recursos genuinos, por lo que el endeudamiento pasó a convertirse en el principal modelo de financiamiento. Así, desde el año 2013, los bonos soberanos en el mercado internacional dotaron de recursos al Estado para impulsar las importantes obras de infraestructura. 
En esa misma línea, el Gobierno de Horacio Cartes se caracterizó por el mencionado esquema de financiamiento. Tal es así que al finalizar el año 2018, el saldo de la deuda de Paraguay llegó a US$ 8.040,9 millones ó 19,8% del Producto Interno Bruto. 
La administración de Mario Abdo Benítez estuvo y está cargado de una serie de condiciones desfavorables. En el 2019 se requirió una importante intervención del Estado mediante el plan de reactivación económica. Y luego, la pandemia en 2020, que encontró al Gobierno paraguayo- como a muchos de la región- sin recursos para hacer frente a las urgentes necesidades generadas por la crisis sanitaria. 
Así, el inicial e importante endeudamiento de US$ 1.600 millones contemplados en la Ley que declaró el Estado de Emergencia para mitigar los efectos de la COVID-19, se obtuvieron de la siguiente manera: US$ 1.020 millones a través de endeudamiento (US$ 1.000 millones de emisión de bonos soberanos y US$ 20 millones de un crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que forma parte del Banco Mundial), en tanto que, los restantes recursos provinieron, de igual manera, de operaciones de deuda.
Entre el 2018 y lo que va del año 2022, la Deuda Pública de Paraguay creció 75%, es decir, pasó de US$ 8.040,9 millones a US$ 14.060,8 millones cerrando marzo del presente año en 35% del PIB. 
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022 contempló US$ 600 millones en concepto de nuevo endeudamiento, de los cuales US$ 250 millones provendrían de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y US$ 350 millones de la emisión de bonos del Tesoro en el mercado local e internacional. Con este paquete, el saldo de la Deuda Pública para el entrante año se estima, llegaría a US$ 15.446,6 millones o aproximadamente 38% del Producto Interno Bruto. Con este porcentaje, el nivel de compromisos del país estará cercano al tope del 40% del PIB contemplado en el proyecto de Ley que modifica la de Responsabilidad Fiscal “Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal”. 

•    Déficit fiscal y oportunidades de mejorar el gasto público 
Al cierre de 2021, Paraguay presentó un déficit fiscal (ingresos menos egresos) de -3,6%. A decir, los gastos incurridos a ese período rompieron, por tercer año consecutivo, el tope contemplado en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del PIB. 
En tanto que al primer trimestre de lo que va del año 2022, el descalce se ubicó en 0,6% o alrededor de US$ 247,2 millones. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, el 2024 sería el año de convergencia al tope del déficit tal como lo establece la LRF. 
No obstante, las perspectivas no son alentadoras al considerar las complicaciones que se siguen registrando en lo que va de este año como la caída del sector productivo y su impacto en toda la cadena, la alta inflación, una menor producción de energía eléctrica, así como las consecuencias de una menor actividad económica que necesariamente afectarán los ingresos del fisco, por tanto, su capacidad de hacer frente a compromisos e intentar achicar la brecha con los gastos.
Es de recordar que, en Paraguay, en promedio, el 46% de todo el gasto incurrido durante el 2021 correspondió al pago de remuneraciones, el 17% fue destinado para el pago de subsidios y transferencias, mientras que el gasto para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado sumó un 13%. 
Conforme con los datos del informe de Situación Financiera de la Administración Central, en el 2021, el 67,5% de los ingresos tributarios fueron direccionados para el pago de la planilla salarial. De hecho, el promedio durante años ha sido del 70% con algunas leves reducciones en periodos de políticas de cierta austeridad. 
Organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coinciden en que el malgasto en América Latina y el Caribe, en promedio, se ubica en 4,4% del PIB de las economías de la región o alrededor de unos US$ 220.000 millones al año. 
Paraguay malgasta anualmente 3,9% de su PIB en sectores como transferencias sociales, contratos públicos inflados y una masa salarial ineficiente. Si bien la cifra se perfila como solo un dato, este porcentaje equivale a unos US$ 1.562 mil desperdiciados anualmente por el Estado.
Para el BID, un primer paso para la disminución del malgasto público se encuentra «en la reducción de las “ineficiencias técnicas” en el gasto, nivelando los salarios públicos y privados, limitando los desvíos de recursos en las transferencias públicas a través de una mejor focalización y eliminando los sobreprecios en las adquisiciones. Estos ahorros podrían ser reasignados a inversiones productivas en capital físico y humano» (De la Recuperación a la Renovación: Transformar la Crisis en Oportunidad, 2022)
Finalmente, el uso de los fondos públicos debe estar orientado a un gasto más eficiente y, con mayor énfasis en gastos de inversión por el efecto dinamizador que genera en toda la economía. Además, urgen reformas estructurales de las cuentas públicas, aunado a un nuevo pacto fiscal que involucre a todos los sectores a fin de que los beneficios de las decisiones recaigan en toda la población, o al menos en un gran parte de ella.