Urgen reformas para reencauzar funcionamiento financiero del sistema público

En la edición anterior se mencionaba que la situación financiera de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal se compone de sectores: superavitarios (empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales) y deficitarios (policías, militares y maestros). 
En esa línea, al cierre del año 2021, el déficit del sistema, es decir, la diferencia entre los aportes de los funcionarios activos y los pagos de haberes jubilatorios ascendió a G. 1,13 billones. El descalce aumentó G. 115 mil millones al compararlo con el 2020. 
Las cifras históricas y presentadas por el Ministerio de Hacienda muestran un comportamiento irregular del saldo de la Caja Fiscal. Hasta el 2014, el sistema se ubicó en terreno positivo, pero a partir del año 2015, la diferencia comenzó a ser negativa, déficit que es financiado con las contribuciones de los sectores superavitarios e impuestos. Así, el déficit de la Caja Fiscal creció a una tasa anual promedio de 22% en el período comprendido entre 2016 y 2021.
En el mismo orden de cosas, el saldo acumulado de los aportes realizados en los últimos 5 años alcanzó aproximadamente US$ 652 millones. El monto equivale al 45% del presupuesto anual destinado a las obras públicas y más del 100% del monto destinado a cubrir el servicio de la deuda pública total en 2021 (US$ 637 millones). 
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el déficit de la Caja Fiscal al cierre de 2021 cerró en US$ 184 millones y para el 2022, las proyecciones ubican el descalce en US$ 224 millones (US$ 153 millones de descalce generado por las fuerzas públicas y US$ 71 millones por los docentes). De no implementarse reformas al sistema de jubilación público, el descalce irá profundizándose tal como se muestra en el déficit proyectado de la Caja Fiscal realizado por el fisco. Para el 2029, el saldo rojo ascendería a más de US$ 3.500 millones. 

•    Alcances de la propuesta normativa e implicancias 
La situación financiera de la Caja fiscal revela un complicado escenario. Por tanto, modificar su funcionamiento concediendo beneficios para ciertos sectores solo profundizaría la crisis del sistema tal como podría ocurrir de aprobarse el proyecto de Ley que propone actualizar anualmente los haberes jubilatorios y de pensión de los funcionarios públicos y empleados del Programa Contributivo Civil.
Parte del Artículo 3° de la iniciativa propone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, elaborará y establecerá la tabla de correspondencia de los cargos y categorías correspondientes. Además de contemplar aquellos cargos y/o categorías con los que el funcionario público se acogió a la jubilación con anterioridad, pero que, por reestructuración posterior de la nomenclatura o matriz del anexo del personal, han sido suprimidos o sustituidos.
La propuesta también establece un monto mínimo previsto en la tabla de actualización, que en ningún caso podrá ser inferior a 75% del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas.
Sobre este punto, desde la cartera económica ejemplificaron que, con la equiparación salarial, un funcionario jubilado en el 2002 con el cargo de “Director General” pasaría a percibir una jubilación base de G. 13 millones cuando el salario en aquel año rondaba los G. 3 millones. 
Con respecto a la tabla de actualización, desde Hacienda precisaron que un mecanismo de actualización se refleja en una tasa o porcentaje de variación a ser aplicado sobre los haberes jubilatorios para actualizar los beneficios, por lo que sería un error que la tabla propuesta contenga montos en lugar de tasas.
Agregaron que la jubilación debe estar en función a un histórico de cotizaciones y, en un sistema de beneficios definidos. Esto es, debe ser calculado como una proporción de los ingresos sobre los cuales efectivamente se cotizó.
El proyecto plantea también crear una tabla de equivalencia. Al respecto, es de mencionar que el jubilado no se retira con una denominación, por lo tanto, resultaría imposible disponer el cargo o categoría que ocupaba el funcionario al momento de retirarse.
El viceministro de Economía, Iván Haas, recordó que un dictamen de la Corte Suprema de Justicia había declarado que “equiparar es igualar y que actualizar no es igualar sino mejorar gradualmente”. Lo que está garantizado a nivel constitucional es el derecho a la actualización de los haberes jubilatorios y no la equiparación de esos haberes (Referido en el Dictamen de la Abogacía del Tesoro N° 1.455/2018)”. 
Estimaciones del Ministerio de Hacienda dan cuenta que de aprobarse la propuesta normativa de actualización de los haberes jubilatorios impactaría de manera significativa en la Caja Fiscal. El gasto adicional rondaría los US$ 277 millones de manera anual, lo que en 5 años alcanzaría alrededor de US$ 1.400 millones. 
Responder al compromiso aceleraría el agotamiento de las reservas de la Caja en el corto plazo entre los años 2023 y 2024, aunado a la imposibilidad de pagos de las obligaciones presentes y futuras del sistema, alertaron desde la cartera económica. 
De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda al 2021 tenía depositado en concepto de reservas, G. 2,7 billones (aproximadamente US$ 429 millones). En términos sencillos, las reservas depositadas en el BCP incluyen los excedentes de flujo del Programa Contributivo Civil, así como los ingresos provenientes de capitalización e intereses percibidos a la fecha por las inversiones realizadas.
En línea con lo anterior y con datos de un reciente informe, el Ministerio de Hacienda había proyectado que las reservas de la Caja Fiscal depositadas en la Banca Central disminuirían progresivamente en el período comprendido entre 2021-2029, hasta agotarse completamente para fines de 2026. La estimación no contempla iniciativas de aumento de los beneficios jubilatorios. 
Adicionalmente, se destaca que las reservas efectivas del sistema de pensiones y jubilaciones del sector público en el 2021 fueron marcadamente inferiores que las proyectadas para ese año (US$ 444 millones) lo que revelaría, igualmente, el uso de los recursos para el financiamiento, en parte, de la Caja Fiscal. 
Finalmente, es importante remarcar que, cualquier modificación en las condiciones actuales de acceso a los haberes jubilatorios de la Caja Fiscal debe ser tratada con responsabilidad y soporte técnico, ya que un descalabro del sistema impactaría negativamente no solo en el potencial jubilatorio del sector público, sino en toda la población con el alto riesgo de mayores impuestos para financiar un sistema que actualmente cuenta con tal esquema.